La sostenibilidad del sector social de la discapacidad en Castilla-La Mancha: una urgencia impostergable
Desde el CERMI CLM, como plataforma que representa los derechos de las personas con discapacidad y como actor esencial del Tercer Sector Social en Castilla-La Mancha, queremos expresar con claridad la creciente preocupación por la sostenibilidad del modelo actual de atención a la discapacidad.
A pesar de los avances normativos que se han producido en los últimos años en materia de derechos sociales, persisten importantes desafíos que comprometen la aplicación efectiva de esos derechos de las personas con discapacidad.
Los retrasos en el desarrollo normativo, como la implementación plena de la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha (Ley 14/2010), la Ley 7/2014 de Garantías de los Derechos de las Personas con discapacidad o la Ley 3/2018, de Protección y Apoyo Garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, regulación de los servicios de capacitación sociolaboral o la atención temprana y una estrategia regional de discapacidad, entre otras; no son meramente cuestiones administrativas: tienen un impacto real y diario en quienes más apoyo requieren. Con la publicación en el Diario Oficial de estas leyes, tan necesarias, no es suficiente. La falta de los desarrollos normativos de esta legislación, como de cualquier otra, hace que los avances sociales que pretenden, no calen en la vida de la ciudadanía, haciendo sentir a ésta que las leyes son papel mojado.
Las entidades del Tercer Sector Social que trabajamos en la atención a la discapacidad seguimos operando bajo un modelo frágil, marcado por la incertidumbre económica, de financiación débil, asado en subvenciones anuales de un “irreal régimen de concurrencia competitiva”, provocando escasa capacidad de planificación. Esta situación no solo dificulta la labor profesional de las organizaciones, sino que limita la estabilidad y continuidad de los servicios de la red pública regional que reciben las personas con discapacidad.
Frente a este contexto, consideramos fundamental avanzar hacia un modelo de concierto social estructurado y garantista, como ya existe en otras comunidades autónomas. Este modelo no es una demanda sectorial aislada, sino una herramienta esencial para garantizar derechos: permite ofrecer servicios estables, de calidad y adaptados a las necesidades de las personas, al tiempo que reconoce el papel imprescindible de las entidades sociales como aliadas de la administración pública, siendo las prestadoras de los servicios públicos.
En este sentido, el concierto social es también un instrumento para hacer efectivo el principio de igualdad, asegurando que todas las personas, independientemente de su lugar de residencia, puedan acceder a los mismos derechos y oportunidades, que permita una financiación justa sobre el coste real de los servicios de la red pública.
Desde CERMI CLM, reiteramos nuestro compromiso firme con el diálogo y la colaboración institucional, pero también exigimos responsabilidad y visión de futuro. Apostamos por una colaboración institucional sólida, basada en la corresponsabilidad, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Confiamos en que los poderes públicos de Castilla-La Mancha sabrán estar a la altura del momento, impulsando una agenda común que garantice el bienestar, la inclusión y la dignidad de las personas con discapacidad.
