Con este proyecto se ha pretendido sensibilizar e incentivar de la reserva en los procedimientos de contratación del sector público, según la disposición adicional 4ª de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, y difundir los efectos sociales positivos de la contratación pública responsable en la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

La celebración de la Jornada Compra Pública Responsable, Mecanismos Legales y Buenas Prácticas para la Inclusión Socio Laboral, dirigida fundamentalmente a los responsables políticos y empleados públicos gestores de los procedimientos de contratación del sector público, gerentes y mandos intermedios de las empresas de inserción y de centros especiales de empleo de iniciativa social, ha cumplido los objetivos previstos con unos resultados de participación de ponentes expertos en las materias y asistencia numerosas, gran difusión en medios de comunicación social, radio y prensa escrita, con la exposición de las ideas fuerza para el debate en las diferentes mesas:

1. CEEIS y EI, qué son y cómo funcionan, dimensiones y potenciales servicios que ofrecen a la Administración Pública.
2. Reserva Legal de contratos públicos, mecanismos para su aplicación y control.
3. Efectos de la contratación pública responsable, experiencias personales de inserción laboral.
4. Casos de éxito y buenas prácticas de contratación pública reservada de las Administraciones Públicas.

Como cierre del proyecto se ha editado la publicación sobre Conclusiones de la Jornada, que recoge las conclusiones y aprendizajes obtenidos a lo largo de un día dedicado a analizar el impacto de la reserva de contratos públicos a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, y su aplicación en beneficio del empleo de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social.

Resaltaron los aspectos que se tienen en cuenta para impulsar la reserva de contratos del sector público, un elemento crucial para la inclusión laboral de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social.

El sistema de apoyo a estos colectivos es amplio y debe cubrir todas las facetas de la vida, siendo el empleo y la participación en la actividad económica, fundamental, ya que las tasas de paro en estos colectivos casi duplican las generales.

Para ello, los presupuestos generales de las administraciones públicas juegan un papel importantísimo. Los presupuestos de la JCCM del año 2025 ascienden a 12.700 millones de euros, con una partida de 1.500 millones destinada a la contratación pública. La normativa en Castilla La Mancha que establece un porcentaje de reserva del 10% para contratos públicos reservados. En el año 2024 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha adjudicado un total de 52 contratos por un importe de 3,3 millones de euros, con el objetivo de seguir aumentando estas cifras en los próximos años.

Los principales retos para las entidades públicas incluyen la planificación de reservas, la formación y sensibilización del personal funcionario, la coordinación entre oferta y demanda, junto con la falta de formalización y registro adecuado de los contratos reservados.

Las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión compartieron sus experiencias profesionales y personales ofreciendo una lección de superación, pero también de dignidad y de derechos. Cada historia relatada mostró cómo los contratos reservados no son solo una vía para acceder a un puesto de trabajo, sino una herramienta transformadora que permite construir proyectos de vida autónomos y sostenibles a lo largo del tiempo. 

La importancia de la Jornada Compra Pública Responsable ha incidido en cómo mejorar este tipo de contratos. Detrás de ello están los principios y valores de la Economía Social que prima a la persona para, no solo generar un input económico sino valor social a una comunidad al completo. Esta fue la clave del debate, buscando la diferenciación de los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción del resto de empresas, en ningún momento buscamos que sean contratos privilegiados, sino reservados por una cuestión de principios. Estas empresas no buscan el lucro legítimo de sus accionistas, sino en de la inclusión de sus empleados en una sociedad más justa e igualitaria.